La nueva alianza por la calidad educativa (4/4)
A modo de conclusión
Desde el inicio de este sexenio el SNTE, de ser el titular único del contrato colectivo de trabajo del magisterio nacional, pasó a administrar los recursos económicos y humanos de una parte de la SEP. En los hechos, la subsecretaría de educación básica es ahora uno de los engranajes del funcionamiento y legitimidad del SNTE, y a partir de este momento las políticas para el ámbito educativo están tuteladas por el sindicato. Para la sociedad civil de México interesada en el destino de la educación pública el desplazamiento del centro de decisión no trae consigo mejores augurios, pues si la tradición política restringía el debate sobre la educación, con argumentos técnicos, estrictamente al ámbito estatal, ahora el espacio de comunicación política será más restringido y monopolizado por el sindicalismo oficial, y probablemente se este lejos aún de dar paso a una efectiva institucionalización de la participación social en los temas prioritarios de la educación pública. De igual manera, las iniciativas de la sociedad civil en materia educativa podrían ser objeto de una intensiva cooptación para que el Partido Nueva Alianza (Panal), bajo el patrocinio de Elba Esther Gordillo, sea el único y exclusivo vehículo de transmisión de las demandas educativas de la sociedad civil organizada de México.
La organización gremial, con el
Compromiso social por la educación, se comprometió a principios del sexenio anterior a impulsar acciones para alentar la capacitación permanente del magisterio, a fomentar la innovación de la comunidad educativa e incidir en el fortalecimiento de los perfiles de los responsables de la docencia, la dirección, la supervisión y la jefatura de sector, impulsando medidas para que el acceso a estos cargos sea mediante exámenes de ingreso al servicio y las promociones de los docentes se lleven a cabo por medio de concursos de oposición. Por su parte, Vicente Fox se comprometió, entre otras cosas, a incrementar gradualmente el gasto público en educación hasta alcanzar el 8 por ciento del PIB tal y como lo establece la reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación de noviembre del 2002. Pero ninguno de los actores cumplió las promesas selladas por aquel pacto. Y, por el contrario, se pueden documentar políticas restrictivas en el gasto educativo y el endurecimiento del control corporativo del SNTE sobre sus afiliados. Si la historia se repite dos veces, a los mexicanos les va a resultar muy difícil distinguir las voces del
Compromiso de las voces de la
Alianza.
En este mar de confusión algunas dudas se presentan: ¿El poder ejecutivo cede sus facultades y atribuciones legales en materia educativa al SNTE? ¿Los ejes y acciones derivados de la firma de la nueva alianza estarán por encima, al margen o en sintonía con la normatividad constitucional y la Ley General de Educación vigente? ¿Los directivos y autoridades de la educación serán igualmente sometidos a una rigurosa evaluación de conocimientos y habilidades? ¿Cómo serán incentivados los profesores de educación artística y educación física que fueron expulsados del arca de la nueva alianza? ¿El Centro de Certificación de Competencias Profesionales anunciado no resultará en los hechos una carga burocrática ornamental para el sistema educativo? ¿Cómo se integrará el Plan sectorial con la nueva alianza educativa? ¿Cómo se resolverá la tensión de los montos asignados entre Carrera Magisterial y el publicitado Programa de Estímulos a la Calidad Docente?
GRUPO DE REDACCIÓN DE OCE
Colaboraron en este número
Teresa Bracho, Alejandro Canales, Daniel Cortés Vargas, María de Ibarrola, Marco A. Delgado Fuentes, Pedro Flores Crespo, Mery Hamui, Pablo Latapí Sarre, Aurora Loyo, Alejandro Márquez, Aldo Muñoz, Carlos Muñoz Izquierdo, Maira Pavón Tadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Sylvia Schmelkes y Marisol Silva Laya.
