Participación social en educación (4/4)

Deben fortalecerse las asociaciones civiles, y la tarea que cumplen como instancias de evaluación permanente del trabajo y organización educativa para la participación social, a través de su reconocimiento como interlocutoras válidas para el diálogo; debe reconocerse también a cualquier otro actor interesado en discutir temas de importancia para la educación y la investigación educativa. Debe insistirse en la necesidad de reconocer a cualquier instancia organizada capaz de recoger de la sociedad sus opiniones e inquietudes y de devolver a la sociedad estudios y avances. Estas instancias, por definición plurales, deben estar constituidas por personas que representen los intereses educativos de los diversos sectores de la sociedad y las diferentes tendencias en la misma, desde el nivel escolar, pasando por el nivel comunitario y regional, y hasta el nivel nacional. Este es precisamente el reto de una participación social constructiva: generar progresivamente mayores probabilidades de mejora en la educación y disminuir los elementos de oposición de intereses, dotando de contenido los espacios de participación social, definiendo los límites marcados sobre todo por el conocimiento profesional y experto de docentes y directivos, y estableciendo claridad en las dimensiones y repercusiones esperadas de las consultas.

Como se señala en la Plataforma Educativa Ciudadana 2006 del OCE, el marco legal que sustenta la participación social es importante, razón por la cual es necesario revisarlo para incluir procedimientos e instancias de apelación para que los padres de familia hagan valer sus derechos, además de que pueda darse reconocimiento a las diversas formas de formas participación social en la escuela, lo que conllevaría dar carácter legal a las asociaciones de padres de familia como asociaciones civiles. Con esta misma intención de reforma, es indispensable modificar los mecanismos de designación de los miembros del Conapase (es el secretario de Educación Pública quien invita a los miembros que él considera adecuados), así como su conformación para que ésta deje de ser una estructura complicada, vertical e inoperante.

La experiencia del Foro demostró que la necesidad de dar claridad a la política de participación social en educación atraviesa también por su discusión como objeto de estudio. Existe la urgencia de una discusión teórica que posibilite contar con nuevas aproximaciones analíticas y metodológicas al fenómeno, así como formular estudios comparados.

Cometarios finales

Actualmente la prioridad del gobierno de Felipe Calderón no es la educación sino la seguridad. Congruente con esta idea, el gobierno plantea mejorar la seguridad en las escuelas mediante los consejos de participación escolares. Pero ¿qué ventajas y desventajas hay en esta nueva propuesta? Las ventajas son que el Programa Escuela Segura arranca desde la célula básica del sistema educativo nacional, la escuela; además, los resultados de cuidar la integridad de las niñas, niños y jóvenes pueden ser más palpables que esperar a que gracias a la participación de la comunidad o los jefes de familia se mejore el aprovechamiento escolar de los alumnos, como antes se proponía. Entre las desventajas están: 1) la participación social en la escuela ya no está estrechamente vinculada con iniciativas orientadas a la mejora de los aprendizajes; 2) el Programa Escuela Segura se pensó para contextos urbanos cuando la participación, como expresión de la democracia directa, es imprescindible para los contextos más marginados como el rural, y 3) este programa probablemente le asignará una carga extra de trabajo a los directores, maestros y jefes de familia. De tal suerte, por más loable que sea cuidar la integridad de las niñas, niños y jóvenes, un programa educativo que se alinea a las propuestas generales del Ejecutivo sin cuidar aspectos en la etapa de formulación e implementación de políticas, no tiene muchos méritos para llamarse innovador.

Existe, sin duda, una creciente conciencia de la necesidad de participar en la educación desde sectores cada vez más diversificados, si bien todavía muy centralizados de la sociedad. También hay una clara necesidad de la sociedad de generar estos espacios y de abrir intersticios de escucha e influencia, de propuesta e innovación, así como de crítica y exigencia de rectificación. Ante el actual programa sectorial de educación, esto se vuelve imprescindible, a riesgo de que la sociedad tenga que soportar los efectos de la falta de rumbo claro de un sexenio perdido en materia de avance educativo. Más que nunca es evidente que el gobierno, y México, necesitan a la sociedad civil organizada en torno a lo educativo para verdaderamente comenzar a avanzar en la solución de los principales problemas que nos atan a la desigualdad y a la deficiente calidad en educación.