La participación de la sociedad en la definición de políticas
públicas de educación: el caso de Observatorio Ciudadano
de la Educación (1/17)
Artículo para Perfiles Educativos
(UNAM, CESU)
Colaboraciones Libres, Vol. IV, Especial,
Septiembre
2004
Pablo Latapí Sarre
Introducción
Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) es hoy una referencia
obligada en el medio de la educación mexicana. Iniciado hace más
de cinco años por un grupo de investigadores de la educación,
se propuso ser una instancia de vigilancia social de las políticas
educativas que ejerciera un seguimiento critico sobre su formulación
y ejecución y dialogara con las autoridades aportando conocimientos,
juicios documentados y cuestionamientos. En su diseño se proponía
también: abrir un espacio social para el análisis y discusión
de las políticas seguidas, sensibilizar a la sociedad sobre aspectos
problemáticos que afectan a la educación del país
y dar cauce a las demandas educativas de los sectores que no reciben la
atención que merecen.
Sin pretender representar a la totalidad de la sociedad, OCE se ha ido
consolidando como un nuevo sujeto en el debate sobre temas educativos,
integrado fundamentalmente por investigadores que actúan en cuanto
ciudadanos.
En paralelo con estos logros, tanto más notables cuanto que sus
actividades se llevan a cabo por esfuerzos no remunerados de sus miembros,
OCE se ha cuestionado repetidamente sobre algunos problemas fundamentales
no resueltos que atañen a su identidad, sus fines específicos,
sus formas y procedimientos de participación y otros temas que abren
dilemas para su futuro desarrollo.
Del caso de OCE al problema general de la participación
El propósito de este ensayo es profundizar, a partir del caso
particular de OCE, en el problema de la participación de la sociedad
(PS) en la educación y aportar elementos para su solución.
Las incertidumbres que enfrenta esta asociación se originan, en
buena parte, en indefiniciones conceptuales que afectan a otros muchos
organismos sociales que se proponen participar en la educación
(OCE, 2002 y 2004). Siendo la participación evidentemente necesaria
para mejorar el carácter democrático de la toma de decisiones
de política educativa y en última instancia la calidad del
servicio educativo, su avance como proceso sociopolítico y organizativo
se ve frenado por esas indefiniciones. La práctica de la participación
debe ir acompañada de un esfuerzo de clarificación que no
sólo la acompañe sino en parte también ayude a determinar
las formas que adopte.
Aclarar cómo debe entenderse la PS en la educación es
de gran importancia tanto para la construcción de la democracia
en sus aspectos cotidianos y operativos, como para proponer de qué
manera los conocimientos sobre educación de que dispone la sociedad
entre otros los especializados como en el caso de OCE- pueden traducirse
en decisiones de política.
Ambigüedades de la participación
No obstante la importancia que se otorga a la PS, principalmente para
vivificar la democracia, su concepto adolece de grandes ambigüedades.
Las primeras que saltan a la vista son semánticas: participar
significa formar parte de, pero al aplicarse a la sociedad, no se aclara
con qué finalidades, en qué procesos, a nombre de qué
intereses, ni con qué representación. En el caso de la educación,
en concreto, el término encubre aspectos muy variados, que pueden
ser incluso contradictorios: participa quien protesta por las violaciones
a su derecho a la educación, pero participa también quien
colabora con programas del Estado; asimismo quien exige rendición
de cuentas o quien trabaja en mejorar los libros de texto. Tampoco ayuda
entender el término como sinónimo de acciones de la ciudadanía
que refuercen la vida democrática cotidiana sin especificar cuáles
son. No ha resultado positivo que tanto el discurso gubernamental sobre
participación como el de la sociedad encubran por su generalidad
y ambigüedad la complejidad de la representación de la sociedad.