Educación en México ¿Gastar más o invertir mejor? (5/7)

A lo anterior hay que añadir que una de las distorsiones de la descentralización es que ha generado una competencia perversa entre los estados en materia de negociaciones salariales con el SNTE, pues, una vez acordado el aumento salarial nacional cada año con el gobierno federal, el sindicato va a los estados a exigir un incremento adicional a cargo de cada gobierno local.

Por ejemplo, con cifras de 2001 y es difícil conseguir las cifras integradas y actualizadas-, el promedio de días pagados a los maestros de educación básica en el país es de 466 al año [22]. Es decir, ganan casi 16 meses de salario por año, sin incluir otras compensaciones en monto fijo; su carga de trabajo, según el Instituto Nacional de Evaluación Educativa [23], incluye sólo, prácticamente, sus horas frente a grupo, y tienen al menos 90 días de vacaciones anuales. Pero además, las diferencias de estado a estado son brutales. Entidades que aparecen en los peores lugares en las evaluaciones, como Chiapas ó Oaxaca, pagan 448 y 465 días anuales, respectivamente; en cambio, otros como el DF que tiene los mejores indicadores- paga unos 460 días al año, y otros más, en la mitad de la tabla, como Colima, pagan 515 días al año. De no corregirse estas tendencias y establecer una política salarial común, las finanzas públicas estatales entrarán al ya extenso catálogo de la crisis fiscal mexicana en muy corto plazo, el gasto corriente seguirá creciendo, no habrá margen para invertir en la calidad de la educación y México continuará con los pésimos indicadores de ahora.

5. Algunas conclusiones preliminares

Es ya un lugar común asegurar que el papel de la educación en el desarrollo integral y sostenido de un país es crucial. Más allá de las permanentes aportaciones teóricas y empíricas, los nuevos hallazgos tanto sobre el capital humano y la productividad, como de la relación entre educación y distribución del ingreso y su rentabilidad social y privada, lo cierto es que una educación de calidad es un fin en sí mismo por ser parte fundamental de los satisfactores de vida de una sociedad. Por lo tanto, es evidente que, para alcanzar ese objetivo, es indispensable tener claro que la correlación entre inversión y calidad puede ser fuerte, pero no absoluta y plantea, en consecuencia, la necesidad no solo de invertir más sino, sobre todo de invertir mejor, mejorar la gestión y optimizar los recursos adicionales. ¿Cómo hacerlo? Me limito solamente a enunciar algunas ideas que debemos investigar y desarrollar en el futuro y probar su eficacia.

a) El diseño y la ejecución del gasto educativo debe cambiar de un enfoque esencialmente económico y demográfico a otro que se mida a partir de los resultados que se pretenda alcanzar. Es decir, ya no es suficiente con plantearse los incrementos presupuestales solo a partir de los indicadores económicos usuales (como crecimiento estimado, inflación, etc.) o de las necesidades de cobertura, sino que debieran ir asociados a objetivos multianuales, concretos y medibles, de calidad, eficiencia y equidad. Mientras no se tenga claro a dónde se quiere llegar en el mediano plazo, puede incluso resultar irresponsable asignar el gasto de manera creciente en la forma tradicional. En otras palabras, antes de echarle más recursos a un saco medio roto, debemos remendar el saco [24].

b) Una evaluación rigurosa, independiente y oportuna es crucial en el logro de objetivos educacionales de mediano y largo plazo. Es un avance la creación del INEE, pero no será suficiente si no produce también una especie de Sistema Nacional de Indicadores de Calidad y de Eficiencia, que permita saber con la mayor precisión el estado de la educación por entidad, municipio, zona o distrito escolar, y escuelas, así como una rendición de cuentas. Esto tendrá sentido tanto para la confección de los presupuestos como para una buena microplaneación, una adecuada asignación de los recursos, o el estímulo a una cierta competencia saludable entre estados y entre centros escolares que sea, desde luego, recompensada.

c) El contexto educativo en el país es ciertamente asimétrico y diverso. Por ello, parece indispensable desarrollar una nueva metodología nacional, con razonable consenso, para la microplaneación regional que incluya no solo los factores cuantitativos como hasta ahora (estadísticas básicas, inscripciones anticipadas, obra pública, etc.), sino que vaya asociada a algunos elementos de calidad, eficiencia y equidad.

d) La anarquía salarial debe ser urgentemente corregida. Allí hay un margen presupuestal que podría ser invertido en los programas de calidad, pero solo en la medida en que se produzca una política salarial común que reconozca desde luego las disparidades regionales, pero fije criterios de convergencia que eviten la competencia perversa que hoy se da en la asignación de salarios y prestaciones al personal docente y administrativo, así como ciertas obligaciones de rendición de cuentas que compense y beneficie a los buenos maestros. Obvio es decir que no basta con que dicha política tenga algún tipo de respaldo legislativo en los presupuestos anuales, sino también un consenso político que fortalezca a los gobiernos o entidades débiles frente a las presiones sindicales.

e) Asociado con lo anterior, la descentralización educativa no estará completa mientras no incluya una descentralización gremial que mueva hacia los gobiernos estatales la titularidad de la relación laboral. Es verdad que puede parecer contradictorio con la idea anterior en la que subyace una especie de frente común entre gobiernos estatales- pero es preferible negociar con cada sección estatal que con el peso abrumador del sindicato nacional más grande y poderoso del país. Por supuesto, esto implica que las aportaciones sindicales que hoy hace directamente el gobierno federal al SNTE (alrededor del 1.5% del sueldo mensual del trabajador educativo) sean transferidas a las secciones para ir desarmando una de las fuentes de poder corporativo más importantes.