La manera en que se asignan el presupuesto hacia las universidades ha ido cambiando; Desde una época en que se otorgaban a partir de la matrícula, hasta la fecha en que la evaluación de todos los procesos académicos es la base de un sistema de premios y castigos financieros.
Así, el subsidio directo a las universidades públicas está dejando de ser considerado por el gobierno como la vía privilegiada, la gratuidad constitucional ya no es considerada como criterio para la asignación de recursos, en cambio se estima que las universidades son “empresas comerciales” que venden servicios educativos que los individuos aprovechan y por lo tanto deben pagarlas, el recorte presupuestal progresivo es la técnica que intenta facilitar la operación del nuevo dispositivo de regulación basado en la evaluación del desempeño de las instituciones, provocando la diversificación de sus fuentes de financiamiento que contempla a su ves la elevación de cuotas y cobros de servicios.
Al menos son dos los modelos conceptualizados sobre la educación pública que se enfrentan violentamente, pero que en lo cotidiano son sus alcances los que muestran sus límites y repercusiones; Uno es el que considera a la educación como un bien social y sostienen que el Estado debe financiarla para facilitar la equidad y la igualdad de oportunidades para estudiantes de bajos ingresos; En el otro se considera a la educación como una inversión que deben hacer los estudiantes y sus familias en forma directa, por que los beneficia a ellos.
El debate social y universitario sobre cuánto y cómo debe apoyarse a las universidades, cuál es la responsabilidad del Estado y cuál es la de la población, si debe o no terminar la gratuidad, si establecerse la competencia como mecanismo dinamizador de la educación, si debe avanzar la privatización de este sector; Sería el preámbulo de apertura para que en la entidad los sectores involucrados en la educación media superior y superior definieran sus posturas al respecto y quedasen asentadas más que en declaraciones, en pautas a seguir con el costo que ello implique.
La defensa de la educación pública gira en torno al respeto al derecho a la educación y al cumplimiento de los gobiernos federal y estatal en la prestación del servicio público de acuerdo a la demanda educativa.
La problemática de la educación en Sinaloa empieza desde el nivel básico, en el que se estima que anualmente alrededor de 23 mil sinaloenses se incorporan a las estadísticas del rezago educativo al no concluir sus estudios.
La población estudiantil de los niveles preescolar, primaria y secundaria en Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa y San Ignacio zona sur del Estado- cuenta con una matrícula de 125 mil estudiantes inscritos, de estos, 92 mil 464 están concentrados en el municipio de Mazatlán.
La población en edades de 4 a 22 años en Sinaloa es de 969 mil 732 jóvenes y a esta cantidad se le considera como “demanda educativa real” y representa al 38.25 % del total de los habitantes en la entidad; Pero actualmente sólo se encuentran inscritos 773 mil 375, en alguna institución educativa, el 25 % restante, 196 mil 357 jóvenes y niños por múltiples razones no se inscribieron, desertaron, o quizás fueron rechazados del nivel educativo en que se encontraban.
En los niveles medio superior y superior; De la población en edades de 15 a 22 años, sólo el 48 % está matriculado, es decir, inscrito en alguna institución educativa; El restante 52 % que representa a 175 mil 684 jóvenes se encuentran fuera del sistema educativo.
En el Estado se estima que para el ciclo 2001-2002 hayan sido rechazados de los niveles medio superior y superior -de todas las instituciones de educación pública- alrededor de 18 mil 370 aspirantes que demandaron ingresara estas.
Se calcula que sólo la UAS rechazó a 9 mil 358 solicitantes y en el mismo tenor la administración de la UAS en la zona sur, para el mismo ciclo escolar rechazó a alrededor de 524 jóvenes que sumados a los 1 mil 406 que en ciclos pasados no alcanzaron cupo en la institución “Rosalina” serán en total 1 mil 930 rechazados.
En la zona sur del Estado todas las instituciones públicas de educación superior y media superior han rechazado entre 1998 y el 2001 aproximadamente a 3 mil 787 jóvenes aspirantes.
La Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una cobertura a la demanda del 50.95 %, esto quiere decir que es la institución solicitada por la mayoría de los jóvenes que están en edades de cursar los niveles medio superior y superior, dentro de otras opciones, además de ser una institución de educación pública hecho que es confirmado por la composición socioeconómica de la comunidad estudiantil, la cual en no menos de un 60 % es de escasos recursos - la posición que tiene en relación con el resto de las escuelas técnicas, estatales, federales y privadas le imprime un carácter único, este es, el gran sentido de servicio a la sociedad.
Desgraciadamente, como lo han expresado reiteradamente las autoridades administrativas, la falta de presupuesto (cada ves más insuficiente), la forma carente de criterios y desigual con que la federación los distribuye impide a esta responder a la demanda educativa, a la calidad y competitividad; Aún así, con carencias, a parte de su cobertura, la UAS concentra también más de la mitad de los investigadores que hay en el estado, pues en esta, se tiene a 24 académicos miembros del Sistema Nacional de investigadores (SNI).
A pesar de que la administración universitaria ha sido muy complaciente con los lineamientos que condicionan la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el consejo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el presupuesto asignado a la UAS no ha mostrado un incremento real, aún con un subsidio promedio de 11 mil pesos por alumno, se encuentra por debajo de la media nacional la cual es de 34 mil 500 pesos por alumno.
Hasta el momento la postura de la administración universitaria ha sido bastante tibia al regatear lo que por derecho constitucional (artículos 3º y 73 fracción XXV) el Estado está obligado a otorgarle sin condicionamientos, para que esta preste a la población sus servicios educativos.
Lo alarmante es que a causa de una infraestructura que no ha crecido al mismo ritmo que la demanda educativa y un presupuesto raquítico, la administración de la UAS “ha decidido, no crecer más la matrícula” en respuesta a tal situación.
Entre los ciclos escolares 1992-1993 y 1996-1997 la matrícula en nivel bachillerato de la UAS en el ámbito estatal creció 40.47 % y desde que entró el Rector Jorge Luis Guevara Reynaga, entre los ciclos 1996-1997 al 1999-2000 la matrícula aumentó 6.70 % (en el mismo nivel bachillerato). Esto no es accidental, es un proyecto implementado a partir de 1995 en la UAS, cuyo eje central es, “la racionalización de los recursos presupuestales”, proyecto que ya está rindiendo saldos de miles de rechazados.
El arribo del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) a la UAS, también durante la gestión de ese Rector, es parte del cumplimiento a las condicionantes que empiezan a figurar como criterios en la asignación del presupuesto y a la ves como dispositivos de control de la creciente demanda educativa; Lo contradictorio es que en nombre de “la excelencia”, “la calidad” y demás historias se haga uso de exámenes con caracteres principalmente de tipo socioeconómicos, lo que resulta discriminatorio y clasista, y sea de esta manera como se esté negando el derecho a la educación.
El gasto en seguridad pública en el estado de Sinaloa en los últimos años es de 59 % más que el otorgado a la UAS, actualmente, el gasto en educación con respecto al de seguridad pública es 57 % menor. El gobierno del estado otorgó un 16 % más al presupuesto en seguridad pública y para la UAS, la cual concentra un 50.95 % de la matrícula estudiantil, un 13.28 %, lo que deja en claro cuál es la prioridad para el gobierno estatal (al menos en esta comparación): “construir más cárceles, contratar más policías, comprar más armas y más patrullas” y contribuir con el mercado laboral generando mano de obra barata, propiciar la delincuencia al serrar las puertas de la educación y abrir las de la drogadicción, el desempleo y el analfabetismo.
El 2.08 % de crecimiento en los ingresos generados por el cobro de cuotas
por derecho a la matrícula, en el ciclo 1999-2000 y 2000-2001 (sin
considerar el porcentaje de crecimiento del ciclo 1998-1999, en el cual
arranca la “recuperación de costos” en la UAS); Hace referencia
a la disposición de la administración de la universidad en
el cumplimiento a lo “recomendado” por el Banco Mundial en 1995 a las autoridades
mexicanas (SEP, ANUIES y gobierno federal) en donde “sugería”; Como
meta indicativa, el que las instituciones estatales de nivel superior movilizaran
una mayor producción de sus ingresos propios para financiar aproximadamente
un 30 % de sus necesidades totales para gastos ordinarios con cargo a esas
fuentes no gubernamentales.