En defensa de la universidad pública. La Universidad Autónoma de Sinaloa (1/3)

Volumen II, número 6. México, febrero de 2002

Alberto Ramón Cota

Los sectores estudiantil, académico y en general la población, debemos comprender la problemática de la educación pública y coincidir en puntos comunes por su defensa. Esta padece actualmente a causa de la implementación de políticas diseñadas y dictadas por organismos financieros, para países subdesarrollados que consisten en la restricción, recortes y reducción progresiva de los subsidios públicos; En México son aceptadas para poder obtener créditos en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Interamericano de Desarrollo; La SEP y la ANUIES coinciden en la aplicación de estas medidas de reestructuración del sistema educativo mexicano (la modificación de criterios con los que se otorga el presupuesto, la sobre evaluación de las Instituciones de Educación Superior, la restricción de la matrícula, la reducción progresiva de los recursos públicos, etc.) a ello obedece en gran parte el rezago educativo que existe en el país.

La manera en que se asignan el presupuesto hacia las universidades ha ido cambiando; Desde una época en que se otorgaban a partir de la matrícula, hasta la fecha en que la evaluación de todos los procesos académicos es la base de un sistema de premios y castigos financieros.

Así, el subsidio directo a las universidades públicas está dejando de ser considerado por el gobierno como la vía privilegiada, la gratuidad constitucional ya no es considerada como criterio para la asignación de recursos, en cambio se estima que las universidades son empresas comerciales que venden servicios educativos que los individuos aprovechan y por lo tanto deben pagarlas, el recorte presupuestal progresivo es la técnica que intenta facilitar la operación del nuevo dispositivo de regulación basado en la evaluación del desempeño de las instituciones, provocando la diversificación de sus fuentes de financiamiento que contempla a su ves la elevación de cuotas y cobros de servicios.

Al menos son dos los modelos conceptualizados sobre la educación pública que se enfrentan violentamente, pero que en lo cotidiano son sus alcances los que muestran sus límites y repercusiones; Uno es el que considera a la educación como un bien social y sostienen que el Estado debe financiarla para facilitar la equidad y la igualdad de oportunidades para estudiantes de bajos ingresos; En el otro se considera a la educación como una inversión que deben hacer los estudiantes y sus familias en forma directa, por que los beneficia a ellos.

El debate social y universitario sobre cuánto y cómo debe apoyarse a las universidades, cuál es la responsabilidad del Estado y cuál es la de la población, si debe o no terminar la gratuidad, si establecerse la competencia como mecanismo dinamizador de la educación, si debe avanzar la privatización de este sector; Sería el preámbulo de apertura para que en la entidad los sectores involucrados en la educación media superior y superior definieran sus posturas al respecto y quedasen asentadas más que en declaraciones, en pautas a seguir con el costo que ello implique.

La defensa de la educación pública gira en torno al respeto al derecho a la educación y al cumplimiento de los gobiernos federal y estatal en la prestación del servicio público de acuerdo a la demanda educativa.

La problemática de la educación en Sinaloa empieza desde el nivel básico, en el que se estima que anualmente alrededor de 23 mil sinaloenses se incorporan a las estadísticas del rezago educativo al no concluir sus estudios.

La población estudiantil de los niveles preescolar, primaria y secundaria en Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa y San Ignacio zona sur del Estado- cuenta con una matrícula de 125 mil estudiantes inscritos, de estos, 92 mil 464 están concentrados en el municipio de Mazatlán.