Algunos dicen que el DE es sólo una metáfora ¿Estaría usted de acuerdo?

PL: No exactamente. Es un derecho real, pero su exigibilidad requiere la acción de muchos actores. Yo me permitiría señalar las siguientes recomendaciones. A los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal (sus secretarías de Educación) que revisen sus políticas y programas desde el enfoque del DE (de cobertura del servicio educativo, de inclusión y disminución de las desigualdades, de mejoramiento de la calidad, de formación y actualización del magisterio, etc.); y a que emprendan una revisión del artículo tercero constitucional, la LGE y las leyes estatales de Educación con el fin de promover iniciativas de ley pertinentes.

Sugeriría que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) establezca indicadores que midan explícitamente los avances en la realización efectiva del DE, y desarrolle un subconjunto de indicadores que precisen los mínimos obligatorios en la realización de este derecho.

A la Suprema Corte de Justicia de la Nación le propondría emprender una revisión crítica de su escasa jurisprudencia al DE y del impacto que ésta ha tenido, resolver con particular empeño las demandas y casos de violaciones del DE y difundir ampliamente sus sentencias, dado el efecto pedagógico de las mismas en la población.

Al Congreso de la Unión (Comisiones de Educación de ambas Cámaras) habría también que sugerirle revisar a fondo la actual legislación educativa (constitucional y secundaria) para reformarla, adoptando como enfoque fundamental el DE, y en el corto plazo, subsanar las deficiencias de la actual LGE.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: atender eficazmente las quejas que reciba por violaciones al DE, difundiendo sus recomendaciones, con el fin de contribuir a la formación de una cultura jurídica más profunda en la población; aplicar los principios del Derecho Internacional como normas complementarias del derecho interno, respecto al DE; hacer uso de su facultad de iniciar quejas y emitir recomendaciones motu proprio, sin que medie petición alguna, en casos de violaciones del DE especialmente graves y públicas.

Y por último, a la sociedad, representada por las ONGs especializadas en materia educativa: intensificar la participación ciudadana, especialmente en los casos de violaciones al DE, tanto para aprovechar los recursos jurídicos existentes, como para presionar públicamente a las autoridades y lograr que este derecho sea efectivamente exigible.

De esta manera, concluyó una amena e interesante entrevista proporcionada por el Doctor Pablo Latapí en su biblioteca particular, en la cual estuvimos acompañados de algunos de sus preciados tesoros: fotografías familiares y su amplio archivo de publicaciones.

Nota: A los interesados en adentrarse en este tema se les recomienda revisar dos ensayos publicados recientemente por el doctor Pablo Latapí. El primero titulado El derecho a la educación: su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa en la Revista Mexicana de Investigación Educativa (México, COMIE, enero-marzo 2009, vol. 14, número 40, pp. 255-287) y el segundo en la revista Este país correspondiente a febrero de 2009.