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EDUCACIÓN SUPERIOR EN CONFLICTO dalmx@yahoo.com La educación superior en México requiere de un serio replanteamiento, habida cuenta que se debate en una disyuntiva: El gobierno debe canalizar cada vez menos recursos basándose en que la educación privada resulta ser más formativa que la pública o, de lo contrario, decidirse a apoyar una educación superior pública que responda a la demanda del México actual y del futuro. En el primer caso, el supuesto que orientaría la decisión sería el de que la educación privada en general y la superior en particular es mejor que la pública, por sus mismos costos en sí como una forma de adentrar al estudiante en el mundo real donde todo va en función de costos y beneficios. Se puede suponer que la educción privada va más en función del mercado, porque se orienta a la solución de problemas empresariales y conserva una relación directa con los problemas del entorno, es decir, es más realista. Podría alegarse que la educación privada superior representa una apuesta al futuro de los estudiantes porque genera sinergias con el mundo de los negocios, de suerte que la preparación recibida constituye la puerta segura al empleo, basándose en una cultura de emprendedores que garantiza independencia y sentido realista de la vida. Por lo contrario, la educación superior pública está sujeta a los imperativos presupuestales en un entorno donde los recursos son cada vez más escasos y las necesidades a satisfacer son cada vez más grandes. Se puede alegar que la educación pública representa costos que el gobierno debe abandonar y convertirse en un impulsor de las iniciativas de negocios, de manera que el costo se transfiera a agentes particulares que por vía del crédito generen una cultura de pago. Lo que aquí se plantea soslaya la obligación del Estado de apoyar la educación en general y la superior en particular en un país donde el acceso a las aulas no queda resuelto para la mayoría, generalmente por situación de pobreza de los estudiantes. Se confunde la obligación del Estado consagrada en el artículo 3, así como en el 25 y 26 constitucionales, donde la educación es un valor esencial y donde la rectoría del Estado en materia económica lo obliga a proveer lo necesario para el desarrollo integral de los mexicanos, con la visión mercantilista de los servicios públicos, en dura competencia con los privados, dejando de lado lo que corresponde al interés nacional en aras del interés comercial necesariamente de unos cuantos por los recursos que implica poseer. La educación privada tendría un efecto de corto alcance en términos sociales mientras que la pública representa un esfuerzo distributivo que se asocia a la equidad, pero sobre todo a los valores que la solidaridad derivados de la pertenencia a una comunidad que posee una historia y una nacionalidad distintiva. La educación pública como elemento integrador social, político, económico y cultural imbuye un sentido de pertenencia que difícilmente tiene competidores, porque permite acceder por el mérito de la inteligencia a personas que de otra manera estarían fuera de las oportunidades que representa. Enseñar en función del mercado parece estar en dura oposición con la enseñanza para la vida. Actualmente se observa que el discurso escolar cambia en un afán de modernizarlo, incorporando la enseñanza basada en competencias, valores y un sentido pragmático de la vida. El uso de las nuevas tecnologías, entendido por esto la utilización extensiva de computadoras y su conexión a la Internet, abre nuevos horizontes en los jóvenes, ya que la disposición a aprender se canaliza hacia la utilización de las nuevas herramientas. |
